No al lockout de los empresarios rurales

El gobierno ha dado suficientes concesiones en el transcurso de estos tres meses: devolución a los pequeños productores, subvención de fletes, retención móvil con tope de 600 dólares la tonelada de soja, apertura limitada de la exportación de carne y otras medidas. La continuidad del lockout sólo persigue el objetivo de derribar las retenciones móviles e imponer los criterios de libre mercado y de ganancias extraordinarias por sobre la alimentación de los argentinos, su salario y el bienestar de todos. Si gana el lockout y el gobierno cede habrá más pobres, más indigentes y más inflación. La derecha, con su cinismo habitual apoya la eliminación de las retenciones pero denuncia la escalada de la inflación, confundiendo a la opinión pública. Lo último: la soja siguió subiendo de precio en los mercados internacionales, ahora a 540 dólares la tonelada. Con retenciones incluidas los productores cada vez ganan más. A pesar de que sus demandas no pasan de una presión corporativa por parte de un sector dinámico de la burguesía y pequeña burguesía agraria para acaparar renta extraordinaria, ella se transformó en el curso del conflicto en una pulseada de carácter político detrás de la cual se amuralló la derecha social y política y sectores de las clases medias, tomando como bandera y símbolo el piquete, el corte de ruta de los productores y los cacerolazos, apropiándose de los métodos populares para fines exactamente opuestos a los que demandaban las movilizaciones del 2001. El papel que han cumplido los medios masivos de comunicación es escandaloso. Su paradigma es TN, que se ha transformado en el vocero del lockout. Mientras en el pasado demandaba igual que Lilita Carrió y Macri “poner orden” en el medio del “caos de la ciudad” por las movilizaciones de piqueteros y denunciaba al gobierno por fomentar la “anarquía” y la “inacción”, salieron ahora a denunciar una “represión y criminalización de la protesta” cuando la gendarmería intentó desalojar la ruta 14. Mientras los pobres eran tratados como vándalos con palo y capucha, los productores que bloquean las rutas son ahora “actores de un conflicto” que “reclaman sus derechos” ante el cual el gobierno debe “sentarse a dialogar”, es decir, eliminar el aumento de las retenciones móviles aplicadas desde el 11 de marzo.

Defendemos las Retenciones. Resolver de fondo el problema de la pobreza

Las retenciones móviles son uno de los mecanismos que debe aplicar cualquier estado exportador de alimentos por varios motivos, el primero es impedir que los precios internacionales de los mismos, que están subiendo de manera creciente, impacten sobre los precios internos. Si se deja que los precios locales se aliñen con los internacionales llegaremos a la paradójica situación de un país rico en alimentos que exporta cada vez más y sus productores se enriquecen, con gente cada vez más pobre y hambrienta porque no pueden acceder a esos productos básicos. Hambre en el país del pan y la leche. El segundo motivo es que los excedentes conseguidos por el aumento de precios es una renta extraordinaria, multiplicada además por el tipo de cambio que en su momento y gracias a la devaluación de 2002 impuso un descenso del salario promedio de los trabajadores, permitiendo una transferencia de ingresos desde los asalariados hacia los exportadores. Con las retenciones actuales los productores obtienen ganancias mayores que antes del 11 de marzo. En conclusión, no sólo se deben sostener las actuales retenciones sino que además se debe asegurar una buena alimentación en cantidad y calidad a todos los argentinos, mediante planes sociales como el propuesto por la CTA de un subsidio universal por hijo entre otras medidas que el gobierno no ha tomado hasta el día de hoy, en primer lugar la eliminación del IVA de la canasta básica de alimentos, lo que supone una reforma impositiva integral que la haga progresiva, basada en los impuestos a las rentas y las ganancias.

Nacionalización del comercio exterior

Las retenciones móviles son sólo una forma parcial e inadecuada de desacoplar los precios internacionales y los locales y de recaudar impuestos. Además la parte del león del negocio exportador se la quedan las grandes comercializadoras, la mayoría multinacionales, que además controlan toda la exportación de granos y quitan al estado instrumentos y capacidad de maniobra para manejar los precios de acuerdo a las necesidades nacionales. Ni las entidades del campo ni el gobierno han apuntado a las grandes comercializadoras. La nacionalización del comercio de exterior se ha revelado como una medida necesaria en la crisis actual, única forma de impedir las presiones inflacionarias exteriores, el mercado negro de la soja, el trigo y otros productos que se ha revelado de proporciones insospechadas y maniobras de sobre o subfacturación generando un agujero fiscal de miles de millones de dólares. La alimentación de las familias argentinas en las actuales condiciones debe ser declarada de interés nacional y por lo tanto una producción estratégica que no puede estar a merced de los caprichos del mercado, amenazando con el hambre a millones de personas.

Impuestos a las rentas minera, petrolera y financiera

Las aplicación de retenciones móviles es un paso correcto, pero no hay motivo por el cual el gobierno decida cobrarle impuestos a las rentas extraordinarias a la burguesía agraria y no se las cobre a la burguesía financiera, industrial o de la industria extractiva.

La renta agraria, por otro lado, no parece ser suficiente para resolver grandes necesidades sociales, desde el salario hasta la educación y la salud, obra pública, vivienda y transporte entre otras. Por ese motivo se deben aplicar fuertes impuestos e incluso revisar las concesiones mineras que con el aumento del oro y otros metales están obteniendo ganancias fabulosas a costa de generar una crisis ambiental y humana en los lugares donde extrae y procesa el mineral, contaminando aguas y tierras y generando enfermedades. Otro tanto sucede con el petróleo, que no sólo aumentó su valora más de 130 dólares el barril sino que Argentina posee el raro privilegio de ser el único país que no posee una petrolera propia y ha liquidado su capacidad de exploración, extracción y producción. Como recurso estratégico el aumento de las regalías e impuestos a la exportación debe ser el primer paso para su nacionalización, siguiendo el camino que otros países del continente han iniciado, como Bolivia y Venezuela.

Desprocesamiento de los luchadores populares

Después de más de 90 días de lockout patronal el gobierno ha insistido que no reprimirá y por ese motivo ha enviado a la gendarmería a la ruta 14 desarmada. Como dijo Néstor Kirchner en su conferencia de prensa, a De Angelis lo llevaron “a upa”. No es el caso de los compañeros de Jujuy que hace dos semanas fueron brutalmente reprimidos. Además existen en nuestro país miles de compañeros procesados por participar en piquetes y movilizaciones, por luchar por sus derechos, y los trabajadores presos en el sur, sin olvidar el encarcelamiento de los vendedores ambulantes frente a la legislatura hace un tiempo o en el conflicto del Casino entre otros. Demandamos el desprocesamiento de todos ellos y la libertad inmediata de los presos.

Se deben tomar medidas de fondo y movilizar a las masas

Mientras los ruralistas han aglutinado a un amplio abanico de la derecha política y de apoyo en las capas medias e incluso en ciertos sectores populares, ayudado por los medios y la oposición de todos los partidos de derecha, e incluso de manera lamentable y trágica de algunos partidos y piqueteros de izquierda, el gobierno no logra convocar más que a los grupos kirchneristas, pero no convoca ni conmueve a ningún sector popular. De esta manera su crisis se agrava y sigue perdiendo apoyo en manos de los voceros de la derecha. Como dicen los firmantes de la Carta Abierta encabezados por Horacio González, la derecha ha creado un clima destituyente; pero el gobierno ha hecho poco para impedir esa ofensiva. Las medidas de “redistribución social” anunciadas la semana pasada no pasan de ser un parche improvisado para zafar pero no un camino distinto al ensayado hasta ahora. Frente a los golpes políticos de la derecha es necesario tomar medidas radicales que levanten el apoyo popular y permitan derrotar de manera eficaz a la derecha, como la eliminación del IVA y otras propuestas con las cuales se puede comenzar a dar solución a las demandas populares y cerrarles el paso a los agoreros del libre mercado. Pero el gobierno de Cristina Fernández, igual que su antecesor Néstor Kirchner han preferido hasta ahora mantener sus compromisos con los distintos sectores de las clases dominantes en un equilibrio precario que está impidiendo tomar medidas populares que afectan los intereses capitalistas, como lo han comenzado a hacer Bolivia y Venezuela. Por eso lo que se viene dirimiendo no son dos modelos distintos, sino una disputa por la supremacía económico-política dentro del bloque dominante. Esto no significa que sea lo mismo el triunfo de uno que de otro, pero está claro que los trabajadores y sectores populares necesitan una salida distinta al modelo sojero y concentrador que hasta ahora han promovido los Kirchner. El gobierno se autoinmola en el altar de sus compromisos con las clases dominantes. Su resultado no es más que la apatía de quienes la han votado, de la masa mayoritaria de pobres y de trabajadores y la oposición cada vez más activa y resuelta de la derecha ideológica y política que viene ganando la batalla por el sentido común. Una salida favorable a los intereses populares debe partir de medidas como las arriba expuestas. En el combate por ellas se debe impulsar la más amplia unidad de acción de lo sindicatos y organizaciones sociales. No criticamos a D’Elía o Moyano por ser el “grupo de choque” del gobierno como hace la derecha y los medios de comunicación, aunque en el terreno de la batalla mediática también han cometido errores, sino porque hasta el día de hoy han sido incapaces, por su subordinación política al gobierno, de exigir medidas profundas y claras en defensa del salario y para erradicar el hambre en nuestro país, con las cuales se podría sumar la voluntad de millones para frenar la escalada derechista y conservadora.

En el campo popular tampoco se ha tenido la fuerza suficiente para vertebrar un camino distinto al trazado por las diversas fracciones de la clase dominante. Un grupo de intelectuales, militantes de organizaciones sociales y políticas reunidos alrededor de la declaración “Otro camino para superar la crisis” de la cual formamos parte vienen dando pasos en una suerte de frente común para trazar una variante distinta a las expuestas, un esfuerzo modesto pero valioso al que vale la pena apostar y al que llamamos a sumarse.