El día 11 de noviembre de 2008 la presidente Cristina Fernández vetó la Ley Nacional N° 26.418 de Protección de Glaciares, previamente aprobada con amplia mayoría por las dos cámaras del Congreso de la Nación. Las malas lenguas dicen que tal decisión se debió a la presión de la transnacional minera Barrick Gold. Ah, y que algunos senadores votaron a favor de la ley a sabiendas de que se venía el veto presidencial. ¿Qué interés puede tener una corporación minera en que no se protejan los glaciares, esos maravillosos monumentos de la naturaleza? Pues bien, por empezar debemos sacarnos de la cabeza la imagen de glaciares turísticos como el Perito Moreno: a nadie con dos dedos de frente se le ocurriría tocar lo que el turismo internacional ha convertido en una verdadera…mina de oro. Los glaciares que nos interesan aquí no saldrían bien en las fotos de los turistas japoneses. Son glaciares de alta montaña, algunos de ellos compuestos por una mezcla de hielo, roca y polvo, con pocos atributos estéticos. ¿Cuál es su importancia económica y política, entonces? Se trata de glaciares ubicados en zonas cordilleranas plagadas de yacimientos metalíferos, sobre los que existe una creciente presión de las compañías mineras más importantes del mundo para su explotación mediante la modalidad de cielo abierto. La Ley de Glaciares impide que sean siquiera tocados con la intención de realizar cualquier actividad económica. No es una cuestión inocente. De hecho, existen varios proyectos mineros que prevén la explotación de yacimientos que se encuentran en las inmediaciones o incluso debajo de estos glaciares cordilleranos. ¿Cuál es la solución que plantean las compañías mineras en sus elegantes estudios de impacto ambiental rebosantes de una sana inclinación por la responsabilidad social empresaria? En el caso emblemático del yacimiento de Pascua-Lama (ubicado en el límite internacional argentino-chileno, a la altura de la provincia de San Juan y de la III Región respectivamente), la propuesta es la de literalmente levantar los glaciares con palas mecánicas y ponerlos a un costado. Si no fuera porque es cierto, y es terrible, sería un chiste de aquellos. Un glaciar no es un cubito de hielo gigante, que pueda ser llevado de un lugar a otro sin mayores contratiempos. Es un complejo sistema que depende de un delicado equilibrio de materia y energía, entre la nieve que se deposita con las precipitaciones y el agua que emana del frente del glaciar por derretimiento del hielo, y el calor y la luz solares que absorbe y que refleja, entre otros factores. Cualquier alteración de estas condiciones únicas puede condenar al glaciar a una pronta desaparición. Por otro lado, los glaciares de alta montaña son una de las principales reservas y fuentes de agua dulce para los valles de las provincias cordilleranas, y por lo tanto una pieza clave tanto para la supervivencia de la flora y de la fauna como para la puesta en marcha de las actividades económicas regionales, principalmente la agricultura con riego. Además del consumo humano, claro está. La megaminería metalífera a cielo abierto es una actividad extractiva de enclave que se desarrolla a costa de la contaminación y depredación ambiental, y de la ruina económica y social de la región circundante. Es un manual del saqueo imperialista, apoyada, como no podía ser de otra manera, en la complicidad de los gobiernos nacional, provinciales y municipales y sus aparatos de represión y censura. Por ejemplo, el gobierno sanjuanino ha prohibido hablar de la minería en cualquier medio de comunicación, incluso para pronunciarse a favor de la misma, mientras que el gobierno riojano ha iniciado una campaña de persecución política de todos los docentes que decidan tratar el tema con sus alumnos en clase. Volviendo al tema de los glaciares, su hipotética protección legal pone en el tapete uno de los mecanismos fundamentales de la producción minera, que revela su carácter depredador: el consumo de agua. Cada emprendimiento minero emplea miles de litros de agua por minuto para extraer los metales buscados de las toneladas de roca triturada, previamente tratada con sustancias altamente tóxicas como el cianuro. Y no podemos esperar de estas empresas un solo dólar invertido en el tratamiento posterior de estas aguas para su limpieza. En regiones donde el agua es un bien escasísimo, donde cada agricultor debe esperar durante días su turno de riego sin poder darse el lujo de desperdiciar una sola gota, el derroche de las empresas alcanza tranquilamente el status de crimen social y ambiental.

Teniendo en cuenta este panorama podemos medir el impacto devastador de la megaminería. Y entonces comprender la lucha tenaz que han emprendido las asambleas ciudadanas en su contra a lo largo del país. Concientes de las terribles consecuencias que produce esta actividad, las asambleas saben que no hay medias tintas: son ellos y su tierra o la devastación de las multinacionales. ¿Cómo plantearnos la intervención del campo popular en este conflicto desde una perspectiva socialista? Por empezar, identificando a la megaminería como una actividad saqueadora e imperialista, que no está aquí para generar empleo ni para equipar las escuelas con modernas computadoras. Pelear contra el consenso social que buscan las mineras para instalarse es una tarea prioritaria. Las compañías aprovechan la pobreza y la exclusión reinantes en los poblados cordilleranos para poner a los trabajadores contra la pared: es el puesto de trabajo en la minera o la nada (es decir, la dura vida en el campo, o vivir de changas, o cualquier otra variante del trabajo precario). Sin caer en el infantilismo burgués del ambientalismo primermundista, para el cual lo importante es “cuidar la naturaleza” y entonces la salida es conformarnos con el subdesarrollo, la clave pasa por poner en evidencia el origen de esa dicotomía, que no es otro que la pobreza generada por un orden social injusto, el cual no va a ser solucionado por la explotación minera, sino dramáticamente profundizado. Este es el paso que han dado muchos asambleístas, quienes rechazan el mote de “ambientalistas” porque afirman que su lucha es más profunda y abarcadora. Su lucha es hoy contra la minería, pero en el fondo es una lucha por la emancipación económica y la autodeterminación política de los pueblos. Sin embargo, a este tipo de planteos no se llega de un día para el otro, sino que requieren de una experiencia concreta de vida y de lucha. Caer entonces en el rol de una vanguardia iluminada que “eleve” la conciencia de las masas hacia un horizonte socialista es un error que desde el campo popular no podemos cometer. Una legítima intervención en ámbitos como la Unión de Asambleas Ciudadanas requiere de una participación en el día a día de las asambleas, en sus vicisitudes cotidianas. Sólo así se establece un diálogo franco y genuino, en el que no hay que tener miedo a renunciar a algunas coordenadas básicas de nuestro imaginario político. Una mina a cielo abierto del tamaño de Veladero o La Alumbrera, no por estar bajo un hipotético control obrero va a dejar de ser contaminante. Y el apoyo a una ley destinada a preservar uno de los bienes comunes primordiales como son los glaciares, no tiene por qué ser una claudicación ante los mecanismos de la democracia burguesa, si nos manejamos con la independencia política suficiente para nunca perder de vista que la correlación de fuerzas favorable se construye primero en las calles. Poner en pie una agenda de reivindicaciones populares sobre este tema, donde en primer lugar se protejan de la explotación capitalista a todos los bienes naturales comunes, y se prohíba la minería a cielo abierto en todo el territorio nacional, en tanto actividad “de suma cero”, que no puede dejar saldos positivos, son pasos indispensables a dar en el largo y escabroso camino del socialismo latinoamericano.