El 28 de diciembre, los habitantes del centro comunitario “La Casa”, en el barrio porteño de Parque Avellaneda, resistieron un brutal desalojo dictado por el juez Omar Peralta. Más de 160 policías, carros hidrantes, grupos especiales y una cantidad intimidante de policías de civil eran los encargados de desalojar a tan sólo 40 familias humildes, con padres, madres y niños que sólo buscan un techo para vivir dignamente. Sin embargo, este tipo de desalojos son ya moneda corriente, y expresan una perversa política de Estado que coloca en manos de los mercados y la especulación uno de los derechos básicos y elementales de los ciudadanos, y que incluso forma parte del artículo 14 bis de nuestra liberal Constitución.

La falta de una política de vivienda, o mejor dicho, una política de vivienda al servicio de los sectores concentrados y los especuladores, es parte de la sistemática política privatizadora del macrismo, pero es también parte de la política del gobierno nacional que sólo ha avanzado en créditos hipotecarios para aquellos segmentos acomodados que tienen ingresos superiores a los 5000 o 6000 pesos, lo que excluye a millones de trabajadores (la gran mayoría) y los empuja a vivir en condiciones infrahumanas en zonas lejanas y marginales, profundizando esa exclusión. La profunda crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, la proliferación de villas miseria o de personas en situación de calle son la expresión física de este proceso, pues para estas familias humildes es imposible acceder a una vivienda digna, ya que la regulación del mercado eleva sus precios de forma exorbitante, haciendo de este derecho básico un instrumento de la timba especuladora. Se estima que más de 500 mil personas tienen severos problemas de vivienda sólo en la Capital Federal. El gobierno de Macri ha profundizado esta política y la única solución que dio a los sectores populares fue la represión vía UCEP o vía desalojo judicial, criminalizando la pobreza. Dos hitos en este avance de los intereses inmobiliarios sobre las necesidades populares fueron, en primer lugar, la ley 25.488 vigente desde mayo de 2002, en medio de los convulsionados tiempos del argentinazo, que permitió la aceleración de los desalojos, y en segundo lugar, el veto de Macri en enero de 2009 a la ley Nº 2973 de la legislatura porteña, que alertaba sobre la emergencia habitacional y prohibía los desalojos forzosos de las propiedades del gobierno porteño hasta diciembre de 2010. El resultado (teniendo en cuenta el ocultamiento o falta de transparencia del gobierno porteño en las cifras de los desalojados) es el crecimiento exponencial año a año de las personas con emergencia habitacional y el deterioro sistemático de las condiciones de vida de las clases populares.

La pacífica resistencia al desalojo de “La Casa” ante tamaño despliegue represivo sólo fue posible gracias a una amplísima política de frente único, cuyo objetivo primordial era evitar el desalojo y la expulsión a una situación de calle a estas 40 familias. Esta política sin concesiones al sectarismo, permitió la presencia de organizaciones populares, de inquilinos, estudiantiles, barriales, políticas y legisladores que actuaron codo a codo para conseguir el principal objetivo: frenar el desalojo. Pero también muestra que de esta manera se puede frenar este proceso sistemático y comenzar a poner sobre la mesa una nueva agenda política popular que ayude a avanzar contra los intereses mercantiles, que discuta si lo que importa es el lucro de unos pocos, o los intereses de las mayorías.

La resistencia de “La casa” en Parque Avellaneda muestra un camino, el de la unidad en la lucha para rediscutir de cara a la sociedad una agenda nueva, popular y anticapitalista donde los derechos ciudadanos al alimento, a la salud, a la educación y a la vivienda digna sean entendidos como derechos básicos y universales de todo el pueblo.

Hay que empezar por ampliar cada vez más la unidad contra los desalojos y por una política habitacional popular. El triunfo parcial de La Casa puede ser un punto de apoyo para fortalecer a las organizaciones territoriales. Hay que frenar este vergonzoso proceso que expulsó a la calle a decenas de miles de personas sólo en 2009. A los argumentos del derecho de propiedad de los poderosos debemos oponerle el derecho a una vivienda digna, y es por medio de una intervención política activa y unitaria la forma en que esto se hará posible.

Desde La Casa se ha convocado a reuniones para continuar alertas y movilizados en defensa de las 40 familias. Invitamos a todos a participar y a multiplicar esta iniciativa para frenar los desalojos.

Los que si hicieron presentes

Las organizaciones que formaron parte de la resistencia al desalojo fueron las siguientes: CTA Capital, MOI (Mov. Ocupantes e Inquilinos), Llamarada, Marea del Sur, MTL, El puente, Proyecto Sur, Buenos Aires para todos en Proyecto Sur y MST. Otras organizaciones que acompañaron fueron: Plan B Facultad de Medicina, Síntesis de Facultad de Medicina, Rebelión, 14 bis y el Partido Obrero, entre otras organizaciones.

Los legisladores, diputados y personalidades que se hicieron presentes, acompañaron y dieron un apoyo inestimable, fueron los siguientes:

Fabio Basteiro, legislador por Buenos Aires Para Todos en Proyecto Sur; Liliana Parada, diputada nacional por Proyecto Sur; Victoria Donda, diputada nacional de Libres del Sur; Laura García Tuñón, legisladora de Buenos Aires Para Todos; Rafael Gentili, legislador por Buenos Aires Para Todos; Maria América González, legisladora porteña por Proyecto Sur; Agustín Vanella, dirigente Marea del Sur; Marcelo Ramal de la dirección del PO, Jorge Sanmartino de EDI (Economistas de Izquierda) y Carlos Chile, de CTA Capital, entre otros.

BPT- Proyecto Sur